En Tamiahua, la política ha dejado de ser un simple juego de voluntades. Se ha vuelto un campo minado en el que los errores del pasado amenazan con volverse delitos del presente. Y es que, a cinco meses del relevo en la administración municipal, la alcaldesa electa ha encendido una bomba política que no pasará desapercibida.
Con más del 40 por ciento de respaldo en las urnas, en una jornada donde el abstencionismo dominó en buena parte del estado, Tamiahua mandó un mensaje claro: los ciudadanos no solo quieren continuidad, quieren rendición de cuentas. El mensaje de la alcaldesa electa, publicado como una postura oficial, no deja lugar a dudas: lo que viene no es una transición tersa, sino una revisión implacable del pasado inmediato.
La funcionaria entrante ha exigido, sin rodeos, que la administración saliente—encabezada por Guadalupe Rodríguez Torres—subsane los señalamientos por daño patrimonial detectados por el ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de un simple trámite contable. Es un aviso: el uso irregular del dinero público tiene consecuencias, y éstas pueden ser penales.
La lista de demandas es precisa: concluir obras inconclusas, corregir chapuzas mal ejecutadas, hacer valer las fianzas de vicios ocultos, sancionar a funcionarios que autorizaron pagos sin justificación y frenar la usurpación de funciones por parte de particulares, como el concubino de la alcaldesa y su asesor. Esto último, por cierto, constituye un delito según el Código Penal Federal.
El mensaje es duro y políticamente temerario, pero encuentra respaldo en la legalidad. Se advierte que de no corregirse el rumbo en estos últimos cinco meses de gestión, las denuncias llegarán no solo al Congreso y a la Fiscalía Anticorrupción, sino también a la Auditoría Superior de la Federación.
Para quienes aún creen que las alternancias en pequeños municipios son solo una anécdota de color local, conviene revisar lo que ocurre en Tamiahua. La postura es, en realidad, una advertencia pública: si hay funcionarios que firmaron actos indebidos, si hay obras sin concluir, si hay desvíos, lo van a pagar. Y si la administración saliente no limpia la casa, lo hará la entrante, con el respaldo ciudadano como carta de legitimidad.
Tal vez por eso la alcaldesa electa insiste en subrayar que su cuenta pública está limpia, que en su momento solventó todos los requerimientos de los órganos fiscalizadores. No es un detalle menor. En un país donde las transiciones suelen ocultar más de lo que revelan, aquí se está trazando una línea divisoria. Se gobierna con las manos limpias o se enfrenta la justicia.
El caso de Tamiahua será un termómetro para medir hasta qué punto las nuevas administraciones están dispuestas a romper pactos de silencio y herencias de impunidad. Si los funcionarios de la administración de Rodríguez Torres terminan enfrentando procesos judiciales, será porque alguien finalmente se atrevió a decir lo que muchos callan: que gobernar no es sinónimo de saquear.
El reloj corre. La advertencia está sobre la mesa. La transición ya no será un acto protocolario, sino una auditoría con lupa y bisturí. Tamiahua merece respeto, dice la nueva alcaldesa. Y en efecto, lo merece. También merece justicia.
