Ninguno de los cuatro ejercicios fiscalizados terminó limpio: desde 2022 quedaron observaciones sin solventar y en 2025 el monto se disparó hasta superar los 41 millones de pesos
TAMIAHUA, VER.— Los números ya están sobre la mesa y son demoledores. La administración municipal encabezada por Guadalupe Rodríguez Torres acumuló 69 millones 774 mil 636 pesos con 22 centavos en observaciones de presunto daño patrimonial durante los ejercicios fiscales de 2022, 2023, 2024 y 2025.
No se trata de una diferencia contable menor, de un documento extraviado ni de un error aislado. Son cuatro años consecutivos en los que el Ayuntamiento de Tamiahua no logró solventar completamente las observaciones determinadas durante las revisiones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
La historia comenzó con la Cuenta Pública 2022, revisada y entregada al año siguiente, en la que quedaron pendientes 15 millones 38 mil 567 pesos con 42 centavos. En 2023, lejos de corregir el rumbo y poner orden en el manejo de los recursos públicos, volvieron a aparecer observaciones por 9 millones 879 mil 160 pesos con 41 centavos.
Para 2024 el monto fue de 3 millones 494 mil 243 pesos con 69 centavos. Aunque la cantidad resultó menor que en los dos ejercicios anteriores, el Ayuntamiento tampoco consiguió cerrar el año sin señalamientos de posible afectación a la Hacienda municipal.
Después llegó 2025, el último año de la administración, y aquello terminó por desbordarse: el ORFIS determinó 41 millones 362 mil 664 pesos con 70 centavos de presunto daño patrimonial, repartidos entre irregularidades financieras y observaciones relacionadas con obra pública.
De ese último ejercicio, 15 millones 989 mil 199 pesos con 37 centavos corresponden al apartado financiero presupuestal, mientras que 25 millones 373 mil 465 pesos con 33 centavos están relacionados con la revisión técnica de la obra pública. En total son 25 observaciones que la administración saliente no pudo aclarar durante el procedimiento de fiscalización.
Eso fue el famoso “año de Hidalgo”: el último año del gobierno municipal terminó siendo, por mucho, el más cuestionado de todo el periodo. El monto observado en 2025 es superior a la suma de los tres años anteriores y exhibe que el cierre de la administración no estuvo acompañado de mayor orden, vigilancia o responsabilidad, sino de un crecimiento brutal en los recursos públicos pendientes de justificar.
La secuencia también deja sin piso cualquier intento de presentar el caso como una sorpresa de última hora. Desde la primera Cuenta Pública existían señales claras de que las cosas no se estaban haciendo bien, pero no hubo una corrección de fondo. Cada año llegó una nueva revisión, cada revisión dejó cantidades sin solventar y al final la cuenta acumulada rozó los 70 millones de pesos.
Durante todo el cuatrienio se señalaron deficiencias, se solicitaron aclaraciones y se reclamó transparencia sobre el uso del dinero público. Sin embargo, la administración optó por el silencio, las evasivas y la falta de respuestas claras. Ahora se entiende por qué nunca quisieron abrir completamente las cuentas: los informes del ORFIS terminaron mostrando un problema que creció año con año hasta explotar en 2025.
Debe precisarse que las observaciones del ORFIS constituyen presunto daño patrimonial y no, por sí mismas, una sentencia penal. Corresponderá a las autoridades competentes investigar, determinar responsabilidades y establecer si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos o denuncias penales contra quienes hayan intervenido en el manejo, autorización, ejecución y comprobación de esos recursos.
Pero tampoco se puede minimizar lo sucedido con el argumento de que “solamente son observaciones”. Estamos hablando de dinero de Tamiahua, recursos que debieron convertirse en obras, servicios públicos, caminos, agua potable, alumbrado, seguridad y atención para las comunidades. Son casi 70 millones de pesos que, de acuerdo con las revisiones correspondientes, no fueron debidamente aclarados durante los procesos de fiscalización.
Guadalupe Rodríguez y los funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad la Tesorería, la Contraloría, la Dirección de Obras Públicas y las áreas encargadas de comprobar el gasto tienen mucho que explicar. No bastan comunicados, discursos ni intentos de responsabilizar a terceros: hacen falta documentos, expedientes, facturas, contratos, estimaciones de obra y pruebas concretas que permitan conocer dónde quedó cada peso observado.
Tamiahua no necesita otro espectáculo político; necesita que se investigue hasta las últimas consecuencias. Si existen elementos para recuperar recursos o proceder contra exfuncionarios, las autoridades deben actuar sin acuerdos bajo la mesa, sin protección partidista y sin convertir la fiscalización en una simple amenaza que después termina archivada.
Durante cuatro años se advirtió que las cuentas no estaban claras. Hoy los informes confirman que la preocupación tenía fundamento: ninguno de los ejercicios fiscalizados terminó completamente solventado y la administración cerró con un acumulado de 69 millones 774 mil 636 pesos con 22 centavos en presunto daño patrimonial.
Ahora ya no corresponde preguntar si administraron bien. Los resultados de las auditorías muestran que no pudieron justificar correctamente una cantidad millonaria. Lo que sigue es saber quiénes fueron responsables, dónde quedó el dinero y si, esta vez, alguien realmente tendrá que responder ante la justicia.
