Tuxpan, Ver.— Un caso que ha encendido alertas sobre la transparencia del sistema judicial y el manejo del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) se registró en el Juzgado Familiar del VI Distrito Judicial, donde un deudor alimentario fue eliminado del padrón en cuestión de horas, sin que inicialmente existiera una resolución judicial visible que lo justificara.

De acuerdo con la información del expediente 32/2026, el pasado 11 de marzo fue inscrito en el RNOA el ciudadano Jorge Antonio Lara Cruz, candidato a la alcaldía de Tamiahua por el Partido del Trabajo (PT), derivado de un adeudo por más de diez años de pensión alimenticia a su menor hija, que asciende a 577 mil 622 pesos con 29 centavos.

La inscripción se realizó por orden judicial luego de que el señalado incumpliera con el requerimiento de pago en tiempo y forma, lo que impedía la emisión de su certificado de no inscripción en dicho registro nacional.

Desaparición en cuestión de horas

Según los registros, el nombre del deudor permaneció visible en el sistema durante los días 11, 12 y 13 de marzo, siendo la última verificación a las 14:00 horas. Sin embargo, apenas siete horas después, alrededor de las 21:00 horas, su nombre había sido eliminado del RNOA.

Este hecho generó inquietud, ya que —de acuerdo con la parte actora— en ese momento no existía en el expediente ningún acuerdo judicial que ordenara la cancelación del registro, lo que abrió la posibilidad de una intervención irregular o externa.

Documento no integrado al expediente

Posteriormente, tras una revisión más profunda, se detectó que el 12 de marzo el deudor presentó un escrito en el que acreditaba el pago total del adeudo. No obstante, dicho documento no había sido integrado formalmente al expediente, debido a la ausencia de la titular del juzgado, permaneciendo bajo resguardo en Secretaría.

A pesar de ello, el sistema del RNOA reflejó la baja del registro antes de que existiera un auto judicial visible en el expediente, lo que pone en entredicho los tiempos, controles y mecanismos de actualización institucional.

Señalamientos y posibles fallas

Aunque el pago finalmente fue acreditado, la secuencia de los hechos evidencia posibles irregularidades en distintos niveles:

• La integración oportuna de promociones judiciales

• La sincronización entre el juzgado y el sistema nacional

• La certeza jurídica de los registros públicos

Además, resalta el contraste en los tiempos del propio sistema judicial: mientras que la garantía de alimentos para el menor se retrasó por más de un mes, pese a contar con los elementos necesarios, la eliminación del registro ocurrió en cuestión de horas y sin actuaciones visibles en el expediente.

Este hecho ha dado pie a cuestionamientos sobre una posible manipulación del sistema, ya sea por decisiones judiciales anticipadas o por presiones externas de carácter político, considerando el contexto del implicado como aspirante a un cargo público.

Una pregunta que queda en el aire

El caso deja abierta una interrogante clave para el sistema de justicia:

¿Puede modificarse un registro nacional sin que exista previamente una resolución judicial formalmente integrada al expediente?