El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) no acusa, pero sí señala. Su tarea no es encarcelar a nadie, sino documentar los rastros del dinero público que se evapora. Y en Tamiahua, los números son claros: entre 2022 y 2024 se han detectado más de 23 millones de pesos en presuntos daños patrimoniales.
No se trata de una persecución política ni de un capricho burocrático. Cada peso observado corresponde a obras que no se comprobaron, contratos sin evidencia técnica o facturas que simplemente no cuadran. Los documentos del ORFIS, firmados y públicos, muestran una constante: el desorden financiero en la administración municipal de Tamiahua se convirtió en costumbre.
En 2022, las observaciones sumaron 15 millones de pesos, un monto escandaloso para un municipio pequeño. En 2023, el daño bajó a 4.6 millones, y en 2024, todavía con la misma administración, se reportan 3.4 millones más. En total, casi 24 millones de pesos en tres años que deberán ser solventados, es decir, explicados o devueltos con pruebas o reintegros. ¡Y todavía falta la revisión de este año! que se efectuará en el 2026.
¿Delito o simple negligencia?
La ley no castiga el descuido con cárcel, pero sí el dolo. Si la autoridad fiscalizadora comprueba que esos recursos se desviaron o se ejercieron de manera irregular con intención de beneficio personal o de terceros, estaríamos frente a un delito de peculado o ejercicio indebido del servicio público, con sanciones que pueden alcanzar hasta 12 años de prisión conforme al Código Penal de Veracruz.
Pero si la falta fue solo administrativa —errores en documentación, omisiones de finiquito, o irregularidades contables—, el castigo no pasa de sanciones, inhabilitación o destitución. El problema es que en Veracruz la línea entre el “error” y el “saqueo” suele ser tan delgada como la fe del ciudadano en sus autoridades.
La deuda con Tamiahua
Las observaciones del ORFIS no son juicios, pero sí advertencias. Indican que alguien no ha explicado qué pasó con el dinero del pueblo. Si las actuales o pasadas autoridades no logran solventar esos 23 millones de pesos, el expediente podría escalar al Congreso del Estado y de ahí a la Fiscalía Anticorrupción, donde el asunto deja de ser administrativo para convertirse en penal.
Tamiahua no necesita venganza, necesita verdad. Y la verdad, como los números, no se esconde: se comprueba o se devuelve.
