Tamiahua, Ver. – En el corazón de la zona centro de Tamiahua, frente a la mueblería Radiomex, se cocina un escándalo que exhibe con crudeza el desaseo administrativo de la alcaldesa Guadalupe Rodríguez. La Posada Margarita, ubicada en Benito Juárez #24, lleva nueve meses ocupada por policías estatales sin un contrato vigente, sin pago de hospedaje y con el consentimiento tácito de las autoridades municipales.
El contrato de alojamiento de los elementos de Seguridad Pública venció el 31 de diciembre de 2024. Desde entonces, el propietario ha buscado sin éxito a la presidenta municipal para exigir la renovación del acuerdo o, en su defecto, la desocupación del inmueble. No obstante, lo único que ha recibido es silencio y evasivas.
“No me permiten entrar a mi propio hotel. Nadie que no sea del municipio o los mismos policías puede acceder. Me dicen que el lugar ya sufre de deterioro, pero ni siquiera me dejan constatarlo”, denunció el afectado, cansado de tocar puertas cerradas en Palacio Municipal.
El caso no es menor. La ocupación sin contrato configura un posible despojo con complicidad gubernamental. La alcaldesa Guadalupe Rodríguez, lejos de resolver el problema, ha optado por la omisión. Mientras tanto, la propiedad privada es vulnerada, los derechos del dueño ignorados y la legalidad pisoteada bajo las botas de quienes deberían garantizarla.
Una radiografía de la impunidad
El episodio de la Posada Margarita se suma a una larga lista de cuestionamientos a la gestión de Rodríguez: opacidad en las finanzas, uso político de programas sociales y el creciente control que su pareja, Ernesto Lara, mantiene sobre decisiones clave del Ayuntamiento. Hoy, la imagen de la “Reina de la Laguna” se tambalea frente a un hecho que no requiere investigación profunda: policías viviendo gratis en un hotel, sin contrato y sin ley.
En cualquier democracia sana, este solo caso bastaría para pedir cuentas claras y sanciones. En Tamiahua, sin embargo, parece que las autoridades han normalizado la arbitrariedad.
El costo del silencio
Mientras la alcaldesa guarda silencio, la pregunta es inevitable:
¿Quién pagará los daños al inmueble? ¿Quién asumirá la renta vencida? ¿Quién responderá por la violación a la propiedad privada?
El tiempo corre y el desgaste del inmueble aumenta. El dueño de la Posada Margarita sigue esperando lo que debería ser obvio en un Estado de derecho: respeto a la ley y a su propiedad.
Pero en Tamiahua, bajo la administración de Guadalupe Rodríguez, la justicia parece tener un contrato vencido.
